Quiere también incluir en la ley el derecho a que el empresario desglose la información salarial por género
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha anunciado hoy que ha propuesto a la patronal y a los sindicatos varias modificaciones legales del Estatuto de los Trabajadores para incluir medidas concretas para que la igualdad salarial sea una realidad cuanto antes, según ha dicho en la clausura las jornadas Andalucía en femenino organizadas por ABC en Sevilla.
La primera de estas propuestas consistiría en modificar el artículo 26 del Estatuo de los Trabajadores para favorecer que las compañías de mediano y gran tamaño realicen auditorias salariales con el objetivo de evaluar permanentemente la igualdad salarial y el mismo trato entre hombres y mujeres en las empresas y organizaciones.
En segundo lugar, la ministra ha anunciado que también ha planteado a los agentes sociales en el actual proceso de diálogo social que el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores incorpore la obligación, por parte del empleador, de ofrecer a sus trabajadores o a sus representantes, si lo solicitan, la información desagregada en función del género sobre componentes y cuantía de retribución para los puestos de trabajo de igual valor. Esta medida se alinea, según Báñez, con las recomendaciones que ha hecho a España la Unión Europea en materia de igualdad.
Finalmente, la ministra ha anunciado la propuesta de modificación del Real Decreto sobre registro y depósito de convenios colectivos para obligar a los empresarios a inscribir los planes de igualdad salarial en las empresas
A finales del mes de octubre, con motivo del Día Europeo de la Igualdad Saalarial, la Comisión Europea publicó las cifras que reflejan esta situación en la Unión Europea. Y en el caso de España, estos datos indicaban que el salario medio bruto por hora que reciben las europeas es un 16,3% inferior al que reciben los hombres. Esta diferencia, conocida como brecha salarial, es del 14,9%, lo que supone que las españolas trabajan gratis los dos últimos meses del año.) La medida afectaría a las compañías medianas y grandes
Fuente: El País