La Inspección de Trabajo ha reforzado su vigilancia sobre los despidos pactados en la fase previa a la jubilación, en un contexto de mayor control sobre posibles prácticas fraudulentas en el acceso a prestaciones públicas. Este tipo de extinciones, tradicionalmente utilizadas por las Empresas para gestionar salidas de personas trabajadoras en la etapa final de su carrera, están siendo ahora analizadas con un enfoque más exhaustivo. La Inspección no solo revisa el cumplimiento formal del despido, sino también el contexto en el que se produce, prestando especial atención a patrones como la concentración de salidas en empleados/as de mayor edad, la existencia de acuerdos previos o el acceso inmediato a prestaciones por desempleo o jubilación anticipada.
El objetivo es detectar posibles simulaciones de despido que encubran acuerdos entre Empresa y personas trabajadoras para generar derechos indebidos a prestaciones, lo que podría derivar en importantes consecuencias legales y económicas. En caso de infracción, estas prácticas pueden ser calificadas como muy graves conforme a la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), con sanciones económicas que oscilan entre:
- 7.501 a 30.000 euros (grado mínimo)
- 30.001 a 120.005 euros (grado medio)
- 120.006 a 225.018 euros (grado máximo)
Además de las multas, las Empresas se exponen a la recalificación del despido como improcedente o nulo, la posible readmisión de las personas trabajadoras con abono de salarios de tramitación, regularizaciones en cotizaciones a la Seguridad Social, devolución de prestaciones indebidas e impacto reputacional.