El pasado día 7 de junio expiró el plazo concedido a los Estados miembros para incorporar a sus ordenamientos la Directiva (UE) 2023/970 sobre transparencia retributiva, sin que nuestro país haya culminado el proceso. La norma europea fue publicada el día 17 de mayo de 2023 y entró en vigor el 6 de junio de ese mismo año. No obstante, los Estados miembros disponían de tres años para adaptar su legislación nacional, plazo que finalizó el pasado día 7 de junio de 2026. Por el momento, el único paso dado por España ha sido la apertura del trámite de consulta pública previa para la elaboración del proyecto normativo de transposición. Dicho trámite concluyó el pasado día 8 de mayo y, hasta la fecha, no se han producido avances normativos significativos.
Este nuevo retraso se suma a otros incumplimientos recientes en materia laboral, como la tardía transposición de la Directiva europea de conciliación o el procedimiento abierto por la Comisión Europea por el retraso en la incorporación de la Directiva sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. Entre las principales novedades de la Directiva de transparencia retributiva destaca la obligación de facilitar información salarial antes de la contratación. Las personas candidatas a un puesto de trabajo tendrán derecho a conocer la retribución inicial o la banda salarial aplicable al puesto, así como, en su caso, las disposiciones del convenio colectivo correspondientes. Además, la norma prohíbe expresamente a las Empresas preguntar a las personas candidatas sobre su historial retributivo en empleos anteriores y exige que las ofertas de empleo, las denominaciones de los puestos y los procesos de selección sean neutros desde la perspectiva de género.